Tan sólo se ha limitado a decir que ve la sentencia irrelevante, lo que significa que a la presidenta le da igual abrir esta obra por una zona protegida, sin hacer el preceptivo informe de impacto medioambiental ni la consulta previa necesaria de la Comisión Europea. Vamos, que su sensibilidad es la misma que la de Atila y su caballo cuando pisaban la hierba. Ella lo arregla todo en virtud de eso que ella lama “interés general”. Lo que pasa es que ese interés tiene que ver más con el suyo propio, el de sus amigos y entornos, que con el de los madrileños y las madrileñas. Lo malo de Aguirre no es que el Tribunal Supremo le haya llevado la contraria, porque ella podrá argumentar que esta decisión es una persecución más contra el PP, como Gürtel. Lo preocupante es que la sentencia apunta claramente que el Gobierno regional ha actuado con premeditación y a sabiendas de que lo hacía ilegalmente y este tipo de comportamiento está tipificado como delito, prevaricación se llama.