Si en el primero el silencio y la opacidad son propios de la naturaleza de los servicios de inteligencia, el segundo ahonda en la deriva antidemocrática de una televisión que pagan todos los madrileños.

ESPÍAS
El auto, firmado por tres jueces de la Audiencia Provincial, y del que fue ponente la magistrada Luz Almeida, no hizo más que reafirmar la más que alta posibilidad de que alguien del Ejecutivo de Esperanza Aguirre haya cometido el delito de malversación de fondos públicos al pagar con dinero de la Comunidad los seguimientos denunciados por el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y por el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, tras ser revelados los hechos por el diario ‘El País’. El auto, firmado por tres jueces, insisto, hay que analizarlo en dos planos, el periodístico y el político.

En el plano periodístico, confirma que la información era veraz, contrastada y rigurosa y no un invento, como señalaron en varias ocasiones, repito, en varias ocasiones, tanto el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, como el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, y la propia presidenta, Esperanza Aguirre, tal vez acostumbrados a que sus periodistas de cámara tergiversen y manipulen los hechos para engañar a los ciudadanos, siempre en beneficio de sus patrones.

En el ámbito político, la descalificación del auto por el hecho de que la ponente del mismo sea hermana de Cristina Almeida, ex diputada de la Asamblea y cabeza de lista, en calidad de independiente, del PSOE en las elecciones de 1999, significa discriminar la independencia de los jueces por razones de familia o ideología, argumentos éstos que no parecen ser ni democráticos ni estar amparados por la Constitución. Claro que esta estrategia del PP no es nueva. Lo han hecho con todos los jueces que han tomado decisiones legales que perjudican sus intereses electorales. Despreciar a la juez Almeida por ser “abogada socialista”, como dijo Granados y apoyaron González y Aguirre, es atacar y socavar la independencia del Poder Judicial por un puñado de votos, como pusieron de manifiesto desde la Asociación Jueces para la Democracia.

Sin pruebas
Claro que esto de espiar y atacar a las instituciones parece ser afición muy extendida entre los conspicuos del PP. Basta recordar cómo su secretaria general, María Dolores de Cospedal, acusó a Rubalcaba de espiar a miembros del PP sin aportar más pruebas que sus palabras, dichas en un chiringuito de playa, no se sabe si antes o después de tomarse una sin, ni interponer denuncia alguna ante el juez. Repitió jugada la citada prócer hace poco y acusó a los socialistas de Ciudad Real de espiar a la alcaldesa de la ciudad. También sin pruebas, sólo que, en este caso, quienes pusieron denuncia fueron los dirigentes socialistas. Huelga decir que la candidata a presidir Castilla-La Mancha no acudió al juzgado a ratificar sus acusaciones con pruebas. Algo que no podrán hacer los responsables del espionaje en Madrid que tendrán que bajarse las solapas de la gabardina para declarar ante el juez. Así nos enteraremos que el tercer hombre era mujer.

Por I. Ruiz