Según el Consejo de Administración del Canal, éste es el tercer año que la entidad no sube las tarifas más allá del IPC, después de que en 2011 se aplicara la actualización del IPC (2,3%) y, en el año anterior, se congelaran las tarifas.

La facturación mantendrá su estructura de bloques de consumo para incentivar el uso eficiente del agua y su carácter bimestral, así como las bonificaciones por ahorro y familia numerosa.

El Canal ha recordado que 54 de cada 100 euros pagados en la tarifa se reinvierten en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras, y que este año se acometerán inversiones por valor de 425 millones para mejorar el sistema de abastecimiento y saneamiento.

Entre estas actuaciones, destacan el desarrollo del Segundo Anillo de Distribución, la puesta en marcha de la planta potabilizadora de Valmayor o el plan de sectorización de la red de distribución de tuberías.

Sin embargo, la Mesa del Agua de Madrid -integrada por CCOO, UGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Ecologistas en Acción y la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid- ha rechazado la subida y proponía la congelación de tarifas para 2012.

Según los sindicatos, el Canal obtuvo 114 millones de euros de beneficios al cierre de 2010 y las previsiones apuntan a cien millones en beneficios netos en 2011, por lo que "no hay justificación para la subida" en un momento en que más de 500.000 madrileños están en paro y a los trabajadores del Canal se les ha congelado el sueldo.

Para CCOO, el Gobierno regional pretende con esta subida "cargar" a los 6,4 millones de consumidores "cautivos" los costes de la privatización del Canal, ha manifestado a Efe el portavoz sindical Manuel Fernández.

El representante de UGT en el Canal, Andrés Muñoz, ha calificado la subida de un "engaño" y un "insulto" a los ciudadanos, porque el los beneficios del Canal no revierten en actividades relacionadas con el agua sino "en teatros y campos de golf".

En cuanto a la privatización, que convertirá el Canal en una sociedad anónima con un 49% de capital privado, UGT advierte del riesgo de que "sólo el 34 por ciento de la empresa mantendrá su titularidad pública", ya que "del 51 por ciento del capital restante, el 19 por ciento se destina a los municipios, que podrán enajenar el 17 por ciento".

Los ayuntamientos de San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Casarrubuelos y Colmenarejo presentaron el pasado 19 de diciembre una Iniciativa Legislativa Municipal en la Asamblea de Madrid para que se paralice la privatización del Canal.

Con esta iniciativa, los ocho municipios, que representan a más de 600.000 habitantes de la Comunidad, pretenden anular las disposiciones legales que permiten la privatización y que éstas puedan ser debatidas en el hemiciclo y con las organizaciones sociales madrileñas.

Para el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, "la privatización que quiere hacer el PP es un desatino y un disparate", mientras que el portavoz socialista de Coslada, Ángel Viveros, afirmó no entender por qué el Gobierno pretende privatizar una empresa que presta un servicio "fundamental" desde hace 150 años.

Por su parte, el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, de IU, ha dicho que privatizar el Canal de Isabel II supone "vender la joya de la corona" de las empresas públicas madrileñas y se ha mostrado convencido de que aún hay tiempo para parar la privatización.

El portavoz de la Plataforma contra la Privatización del Canal, Francisco Caño, ha recordado que su asociación lleva dos años trabajando para que no se produzca la privatización "ya que van a convertir un recurso natural en un negocio".