Nadie entiende que unas escuchas avaladas por la Fiscalía y por el juez Antonio Pedreira, quien recibió el sumario tras inhibirse Garzón al ser imputados numerosos miembros del Partido Popular de Madrid, hayan servido para que el octavo pasajero de esta nave de alienígenas, el juez instructor Alberto Jorge Barreiro, aceptara la querella del abogado Ignacio Peláez, a pesar de que Peláez se entrevistó en la cárcel con los acusados Francisco Correa y Pablo Crespo sin informar de ello al juez, como es preceptivo, y sin ser su abogado defensor. Como nadie entiende, salvo aquellos miembros de la trama y algunos políticos del PP que quieren quitarse de encima como sea al incorruptible juez, que el tribunal haya desoído las peticiones de la Fiscalía de absolución, que no haya aceptado las pruebas presentadas por la defensa ni haya dado crédito a las declaraciones de policías y funcionarios de la Audiencia nacional avalando la salvaguarda de la legalidad de las escuchas ordenadas por el juez Garzón.

No es un hecho aislado de la vergüercia de la Justicia

Pero no estamos ante un hecho aislado. La inhabilitación por once años de Baltasar Garzón para ejercer como juez hay que inscribirla en el tsunami que asuela los otrora llamados Estados democráticos de Occidente. Una sociedad que acoge con impávida indiferencia la tropelía del jurado valenciano en el caso Camps y que, seguro, va a mirar para otro lado cuando se cruce en la calle con el magistrado inhabilitado, no es más que el exponente de una democracia, hablo de la española, enferma de un cáncer llamado Justicia. La sentencia, comparando la decisión del juez Garzón con hábitos propios de los tiempos de la dictadura franquista, provoca náuseas. Nadie puede olvidar que combatir la corrupción y defender a las víctimas de la dictadura son los únicos delitos por los que Baltasar Garzón está hoy en el banquillo de los acusados. Que un juez, Luciano Varela, firme esa sentencia cuando él ha admitido, y asesorado, la acusación de los fascistas de Manos Limpias, pone de manifiesto la repugnante hipocresía de unos jueces cuyo móvil no es otro que ajustar cuentas con el magistrado que les ha dejado en evidencia por su incapacidad para denunciar, perseguir, juzgar y condenar los delitos de corrupción y contra la Humanidad perpetrados no sólo en España.

No le perdonan su lucha contra el fascismo

Ni estos jueces ni los fiscales conocidos como ‘los indomables’ bajo el mando de Eduardo Fungairiño, Fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante el Gobierno de José María Aznar, le perdonan que llevara adelante la detención en Inglaterra del dictador Augusto Pinochet, pese a las órdenes contrarias de Aznar, capaz años después de llevar al mundo a una guerra atroz en Irak. A lo que se ve, para la derecha entre los dictadores también hay clases. Al fin y al cabo Pinochet y Franco eran de los suyos. Y cuando digo de los suyos no me refiero sólo al expresidente miembro del triunvirato de las Azores. Englobo también a muchos de quienes hoy nos gobiernan, entre ellos Esperanza Aguirre, quien denostaba  los jueces que perseguían la corrupción galopante del Partido Popular en Madrid, Valencia, Baleares…y que hoy celebra este 9 de febrero como un “alegre día para la democracia”. Para lo que la presidenta entiende como democracia, claro. El día en que fallos judiciales como el del jurado valenciano o este y los siguientes que emanen del Tribunal Supremo acaben con el espíritu de la Constitución de 1978 ella gritará “Vivan las caenas” como hicieron los seguidores de Fernando VII cuando el rey Borbón acabó con la Pepa, esa que cumple dos siglos en este año de 2012, tan feliz para la derecha extrema de este país.